Todos los días paso, de camino a la facultad, por uno de los barrios marginales de la ciudad de Málaga. La misma apariencia exterior, con sus edificios ruinosos y sus urbanizaciones masificadas, ya refleja la pobreza del lugar.

En las aceras, normalmente apilados delante de los portales de los diferentes pisos, es fácil encontrar grupos de adolescentes jugando a nada. Los chicos se amontonan en pequeñas comunidades de cinco o más individuos, donde droga y dinero corren y vuelan a gran velocidad. Las chicas, cuando no van tirando prematuramente del carrito de sus bebes, juegan a ser mayores imitando vulgarmente la estética de los cánones dominantes.

La gente que caminamos por allí pasamos de ellos, como si no fuesen parte de nuestra misma sociedad, de nuestra especie. Yo diría que realmente les evitamos. Estos barrios y sus gentes son para los estudiantes universitarios lugares y entes fantasmas. Incluso a pesar de que día tras día el camino es el mismo para quienes, por supuesto, no hemos escogido la opción de hacerlo menos corto pero más tranquilo.

Allí sólo es permanente la pobreza, la más amplia de todas las pobrezas. Recursos económicos sí existen, pero en forma de droga y consumo ostentoso: automóviles de primer nivel, móviles de última generación, tecnología punta, etc. El capitalismo excluyó a esta gente y ahora a través de su impecable lógica les utiliza de nuevo. Doble explotación.

La pregunta que nadie formula ante esta situación es la siguiente: ¿qué podemos hacer? Ya es hora de recordar el deber que tiene el Estado para luchar contra la exclusión social y la pobreza socioeconómica de estos colectivos marginales. Ni podemos mirar a otro lado y dejar pasar, ni tampoco podemos tomar medidas reaccionarias encaminadas a excluir con seguridad (para los ricos, por supuesto).

El Estado, a través de las administraciones locales, debe hacer uso de sus instrumentos de redistribución para inyectar fondos en estos barrios. Estos diferentes colectivos han caído fuera del sistema por la propia dinámica de éste, y sólo pueden reintegrarse mediante efectivas políticas de gasto público.

Una educación pública y de calidad es un requisito fundamental que debe ser tenido en cuenta como inversión en capital humano a medio plazo. Asimismo, la creación y el incentivo de asociaciones son puntos básicos para fomentar un crecimiento socioeconómico estable en el lugar. El asociacionismo permite transmitir conocimientos a través de redes informales muy efectivas, pero requieren financiación para las diferentes actividades.

Además, esos fondos públicos acaban aumentando la capacidad adquisitiva de la población beneficiaria, generando una expansión de la demanda e incentivando la creación de empleo y el desarrollo de la economía.

Pero preguntémonos retóricamente: ¿están interesados los grandes partidos en llevar a cabo políticas de este tipo?