El lunes los gobernantes griegos firmaron el acuerdo con los representantes de la UE por el cual se pone en marcha el segundo plan de «rescate». Y digo «rescate» -así entre comillas- porque en realidad estamos ante un nuevo ejemplo de cómo la democracia está siendo vilmente atacada y, desgraciadamente, destruida por los intereses financieros.

El nuevo acuerdo no sólo es un descomunal error técnico sino que también es un clarísimo atentado político. De hecho, la UE impone como condición para recibir la «ayuda» la aplicación de medidas que van más allá de lo estrictamente económico y que conllevan una enorme pérdida de soberanía nacional. Y además dichas condiciones se aplican ahora a sabiendas de que las encuestas pre-electorales pronostican una posible mayoría de la izquierda alternativa (comunistas y radicales) y un descalabro del bipartidismo.

Un nuevo error técnico

El simple hecho de que estemos hablando de un segundo rescate es reflejo de lo mal que se ha planteado desde el principio el problema económico europeo. En este blog lo hemos repasado en muchas ocasiones, y muy especialmente cuando hablamos de las implicaciones que tenía un posible impago de la deuda de Grecia.

En este segundo plan de medidas no hay novedad cualitativa. No se han aprobado mecanismos para estimular el crecimiento económico o tratar de incrementar los ingresos del Estado, sino que la única preocupación reside en garantizar que se seguirá pagando la deuda pública en el futuro. Una deuda que tiene su origen en un sistema público muy distorsionado y que ha sido multiplicada continuamente debido a la permisividad de las autoridades europeas ante la especulación creciente. Y dado que el endeudamiento se produce cuando un Estado ingresa menos de lo que gasta y que el gasto público es un componente del crecimiento económico (y por ende de los ingresos vía impuestos), si se ignora el capítulo de los ingresos el problema se mantiene irresoluble.   

Preocuparse únicamente por la deuda pública y su reducción no es ninguna salida a una crisis de demanda. El crecimiento económico está interrumpido (Grecia ha decrecido un 14% desde 2008) y el Estado no está capacitado para seguir ingresando dinero suficiente en estas condiciones. Por esa razón las autoridades europeas han tenido que aceptar una quita de la deuda superior al 50%, es decir, la aceptación de que Grecia no podrá hacer frente a muchos de sus compromisos de pago.

No obstante, la preocupación de las autoridades europeas no es disminuir el paro (que se eleva por encima del 20%) ni de evitar el hambre y la miseria crecientes. Más al contrario, el objetivo principal declarado es “asegurar la sostenibilidad de la deuda y recuperar la competitividad” de la economía griega. Y dado que el otro objetivo es mantener la estabilidad en la zona euro, lo que queda en evidencia es que prácticamente todo vale para mantener una estructura –esta Unión Europea- que se ha demostrado profundamente ineficaz e ineficiente.

La quita o restructuración de la deuda consiste en cambiar títulos de corto plazo que había suscrito Grecia con entidades financieras, sobre todo griegas, por otros títulos de más largo plazo y que tuvieran menores tipos de interés. Esto permitirá a Grecia liberarse de una carga de la deuda en torno a 100.000 millones de euros, que obviamente tendrán que ser anotados como pérdidas por las entidades financieras.

Además Grecia va a recibir nuevos préstamos, y la novedad reside en que serán más baratos y generosos que los que se habían recibido antes. Es una manifestación de la actitud usurera que habían mantenido las autoridades europeas –que por el contrario permiten que el BCE financie a un 1% a los bancos. Pero a cambio de todo ello Grecia tendrá que llevar a cabo un durísimo ajuste que implicará entre otras medidas el despido de 15.000 funcionarios y recortes en sanidad, educación y pensiones. Es obvio que no se trata de un rescate sino de un chantaje.

Un ataque político

Por si fuera poco una de las condiciones es que ese dinero que se recibe se dedicará exclusivamente a pagar la deuda pública y no a satisfacer las necesidades de la población. Se trata de dar dinero a Grecia para que Grecia pueda pagar a las entidades financieras, y siempre a cambio de unos recortes brutales que deprimen la economía aún más. Un esperpento pensado únicamente para sacarle las castañas del fuego a muchas entidades financieras europeas (que además, y debido a que el BCE compra títulos en el mercado secundario, van transfiriendo sus riesgos a lo público). En este sentido, es muy probable que haya un tercer plan de “rescate” que suponga que el BCE se hace cargo de las pérdidas de la quita, una vez el BCE haya comprado los títulos suficientes a las entidades privadas.

El nuevo escenario político, en el que la izquierda crece y los dos partidos mayoritarios se hunden, ha llevado a las autoridades europeas a intentar blindarse ante la “eventualidad” de un gobierno antineoliberal. Y ese blindaje no es sino un profundo ataque a la soberanía griega y a la democracia, pues consiste en sacarle compromisos a los partidos ahora en el poder que garanticen que las medidas neoliberales se mantendrán en el tiempo aunque el gobierno pase a estar formado por otros partidos políticos.

De hecho, habrá en Grecia una representación permanente de la troika –Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo; tres entidades no democráticas- que vigilará el cumplimiento de las medidas neoliberales. Además, el plan incluye la exigencia de que los partidos en el gobierno incluyan en la constitución lo antes posible un firme compromiso jurídico que garantice que el pago de la deuda pública es prioritario (igual que en España hicieron el PP y PSOE).

En definitiva, se trata de un golpe a la soberanía griega para beneficio de los llamados mercados financieros. Pero es, y eso es obvio también para quienes planifican estas medidas, una huida hacia delante. Una forma de ganar tiempo para que las entidades financieras privadas no se ven expuestas a un más que probable impago generalizado y el efecto dominó subsecuente.