Hoy se debate en la comisión de Hacienda la ley orgánica de “Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, y que es un desarrollo de la reforma constitucional que en su día hicieron de forma conjunta el Partido Socialista y el Partido Popular. Como se recordará, en el nuevo artículo 135 de la Constitución ya se adelantó que antes de junio de 2012 tenía que estar aprobada una ley orgánica que desarrollara las bases ideológicas de la reforma constitucional. Es precisamente en ese artículo 1 donde se describe el objetivo formal de la ley, que no es otro que “el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española”.

Lo que esta ley persigue, para entendernos, es institucionalizar al nivel más alto (ley orgánica y constitución) la política del llamado déficit cero. Ahora bien, aunque la ley hable de crecimiento económico y creación de empleo, realmente no es útil ni directa ni indirectamente para conseguir cualquiera de esos propósitos. El objetivo real es sencillamente el de procurar dar confianza a los inversores a través del control del gasto público y la deuda pública. Se trata de enviar una señal a los “mercados” que diga lo siguiente: no se preocupen porque con estas normas estaremos en condiciones de devolverles todo el dinero que nos han prestado y que nos van a seguir prestando.

Pero no funcionará por dos motivos fundamentales:

En primer lugar, los mercados son insaciables. Los mercados son, como explicamos aquí, la suma de los intereses económicos de diferentes sujetos económicos tales como la banca, las grandes empresas y las grandes fortunas. Esos intereses no se basan en criterios sociales sino de maximización de beneficios, de modo que van a aprovechar todo el entramado legal para desarrollar lo que se conoce como especulación financiera y que llevará a España a estar permanentemente bajo agresión. No hay forma alguna de “contentar” a los mercados.

En segundo lugar, esta ley se traduce en la práctica en recortes de componentes del gasto público (inversión pública especialmente) que son fundamentales para estimular el crecimiento económico. Ello conllevará necesariamente un empujón hacia una mayor recesión y, por lo tanto, menores ingresos impositivos. Si bajan los gastos pero también bajan los ingresos lo que se mantiene igual, o incluso puede empeorar, es el déficit y la necesidad de endeudamiento público. Esto no es sólo un obvio razonamiento económico sino que también es lo que le está ocurriendo a Grecia y Portugal, que tras más de un año de recortes están viendo cómo su déficit se dispara y su crecimiento económico se hunde.

Esta ley orgánica obedece a las instrucciones de la Unión Europea, cuya configuración económica e institucional no sólo es frágil y antidemocrática sino que también es contradictoria por el diferente papel que tienen los países del centro y la periferia en la división internacional del trabajo. Dicho de forma más clara: los intereses económicos de países como Alemania y Francia distan mucho de parecerse a los que tienen los países de la periferia como Italia, Grecia, Portugal o España. En este sentido, no hay oportunidad para una solución que se base en maximizar los intereses económicos nacionales. Obedecer a la Unión Europea supone aceptar un destino fatídico para la cohesión social y el mantenimiento de las instituciones sociales europeas. El verdadero gobierno de la UE reside en los centros financieros, de donde provienen precisamente los líderes de muchas de sus instituciones (como el BCE, comandado por el ex-presidente de Goldman Sachs), cuyos intereses tampoco son los de la mayoría de la población europea.

En apariencia la ley orgánica pretende reducir el peso de la deuda pública, considerando que hay que volver a las exigencias de Maastricht (límites en 3% déficit público y 60% deuda pública). La deuda es un complejo instrumento económico que, como ya explicamos aquí, promueve el crecimiento económico de las empresas y Estados porque permite a las empresas operar más allá de su potencial y a los Estados invertir en proyectos inalcanzables sin deuda. Si esos proyectos, empresariales y estatales, son adecuados los beneficios económicos derivados permiten devolver sin problemas la deuda. Pero a partir de cierto umbral la deuda es peligrosa porque amenaza con entrar en una espiral viciosa. El Banco Internacional de Pagos, al estudiar recientemente este fenómeno, ha recomendado (véase el enlace anterior) un 80% de endeudamiento público como límite máximo, como umbral. Obsérvese que los criterios de Maastricht son aquí mucho más duros.

El problema es que esta cuestión no se circunscribe a la esfera pública. Es igualmente aplicable para los agentes privados, es decir, para las empresas y los hogares. De hecho, el riesgo real está precisamente en esos otros agentes. En 2007 la deuda medida en proporción del PIB estaba al 50% en el caso del Estado, al 100% en caso de las familias y al 200% en caso de las empresas no financieras. Es precisamente esa descomunal deuda la que explica que las balanzas de pagos se desequilibren con enormes déficits comerciales. Y ni los criterios de Maastricht ni esta nueva ley orgánica habla de esos verdaderos agentes problemáticos, sino que se limita a la crítica de lo público.

¿Y por qué? Pues sencillamente porque esta ley, como Maastricht y la configuración económica de toda la UE, lo que hace es encorsetar las finanzas públicas y dejarlas sin margen de maniobra. Y por la propia dinámica económica y el rol del Estado como prestamista de último recurso resulta que el Estado es precisamente quien absorbe la mayoría de los costes de la crisis. Por esa razón la deuda pública se dispara después de la crisis y no antes, porque es el instrumento que se utiliza para socializar las pérdidas y absorber entre todos el impacto de la crisis. El Estado ve como su deuda pública se incrementa como consecuencia de intentar salir de la crisis (planes de estímulo) y como consecuencia de los rescates a entidades financieras y otras ayudas a empresas privadas –aquí algunos datos. Se transfieren rentas y riesgos desde lo público a lo privado.

Si se suman ambos fenómenos nos encontramos con una palanca de destrucción del Estado del Bienestar. Con un Estado absorbiendo los costes de la crisis y un encorsetamiento de las finanzas públicas (con esta ley orgánica) la única forma que les queda a los gobiernos es recortar y recortar. Hasta el punto que la propia ley orgánica reconoce en su exposición de motivos que «se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto, tal y como establece la constitución«.

Pero como esos recortes no resuelven los problemas reales de la economía (inexistencia de un modelo productivo estable y sostenible y alta desigualdad económica) y promueven un deterioro mayor de la economía (más recesión, menos ingresos públicos), el ajuste se vuelve permanente. Los recortes avanzan por todas las esferas del Estado del Bienestar. Hasta su destrucción definitiva.

Y eso es lo que se pretende. Acabar con las esferas públicas que ocupan un espacio muy deseado por la esfera privada, especialmente en las grandes áreas como la educación y la sanidad. El botín de lo público será más fácilmente obtenido con el uso de leyes como esta y reformas constitucionales como las que aprobó el PSOE y PP el año pasado.

No hay nada más que eso. Ni esta ley ni los presupuestos generales del Estado hablan sobre modelo productivo. Todas las reformas emprendidas por este gobierno, como las del anterior en su última fase, giran en torno a la “necesidad de satisfacer a los mercados”.

¿Quieren los españoles aprobar una ley que construye una palanca para destruir las conquistas sociales que tanto esfuerzo han costado?