El gobierno del PP ha aprobado un plan de amnistía fiscal que el ministro de Hacienda ha llamado «plan de regularización de activos ocultos». Este recurso al eufemismo es propio de los economistas y políticos que quieren esconder el verdadero alcance de sus medidas. De hecho, Montoro no ha hecho sino parafrasear, en cierta medida, el propio documento explicativo de los Presupuestos Generales del Estado 2012. En dicho documento la aminstía fiscal viene descrita como «un programa extraordinario para incentivar que los contribuyentes del IRPF, IS y del IRNR regularicen su situación tributaria, declarando aquellos bienes o derechos ocultos a la Hacienda Pública».

El operativo de este plan consiste en que aquellas personas que hayan estado evadiendo impuestos tengan un plazo temporal (hasta noviembre de 2012) que les permita presentar una declaración tributaria especial en la que se les grave a un tipo impositivo del 10%.

Que Montoro niegue que este plan sea una amnistía fiscal sólo puede revelar su gran capacidad para mentir o su desconocimiento de la literatura de la Hacienda Pública. En efecto, hay consenso entre los economistas en que la definición de aminstía fiscal (tax amnesty) es la siguiente: «una medida o conjunto de medidas con el fin de condonar penas o sanciones de carácter civil y criminal a los contribuyentes, que admitan voluntariamente no haber pagado la deuda impositiva conrrespondiente a impuestos de períodos precedentes -o haberlo hecho parcialmente-, y que ahora declaran por entero» (Lerman).

Hay muchas formas de diseñar un plan de amnistía fiscal, y su «éxito» (de acuerdo con los objetivos planteados) depende del contexto en el que se enmarca.

Una amnistía fiscal puede servir para regularizar los activos justo antes de proceder a instaurar un régimen fiscal mucho más severo o completamente distinto. En este caso se les perdona las multas a los defraudadores para que puedan participar en un régimen nuevo que será más duro o mejor diseñado, lo que permite que el juego fiscal comience de nuevo. En España se hizo una amnistía de este tipo en 1977, en plena transición.

Pero una amnistía fiscal puede ser también una simple herramienta para recaudar de forma fácil, inmediata y de dudosa moralidad. Así han sido las amnistías fiscales del PSOE, 1991, y del PP, ahora en 2012. En estos casos se diseña un plan para que los defraudadores reconozcan (parte o totalidad) lo que han evadido y paguen un impuesto especial por ello. Como en esta nueva amnistía, se les perdonan las multas asociadas y las posibles sanciones penales mientras que el impuesto a pagar es claramente inferior a lo que correspondería en caso de que no hubieran evadido.

Estamos ante una medida desesperada tomada por un gobierno que no quiere afrontar una reforma fiscal integral que se centre de una vez por todas en la falta de progresividad práctica que tiene nuestro sistema. Pero estamos también ante una medida incorrecta y aberrante desde un punto de vista económico y político.

Desde el punto de vista político es inmoral y censurable que quienes han estado mermando las arcas públicas, y por ello fomentando el deterioro de los servicios públicos en su conjunto, sean perdonados en aras de una mayor recaudación. No olvidemos que los defraudadores son delincuentes, y de los más peligrosos porque su acción afecta de forma directa a la calidad de vida de los ciudadanos. Esta amnistía fiscal es una ayuda directa a los delincuentes.

Desde el punto de vista económico es también una decisión errónea. En primer lugar porque el gobierno pretende recaudar 2.500 millones de euros y sin embargo los estudios demuestran que el éxito recaudador de las amnistías anteriores en España es miserable (véase este documento). En segundo lugar porque modifica los incentivos de los agentes económicos. Lo explico brevemente.

El 75% del fraude fiscal es responsabilidad de las grandes empresas y las grandes fortunas, según los técnicos de Hacienda, y a este tipo de amnistías sólo se acogen los pequeños defraudadores. Es normal. Quien se acoge a este tipo de amnistías tiene que tener incentivos para hacerlo, es decir, tiene que entender que es mejor hacerlo que no hacerlo (seguir defraudando). Si el gobierno hubiera anunciado un compromiso mucho más duro con las inspecciones, las grandes empresas se verían tentadas a preferir acogerse a esta puerta temporal a fin de evitar ser investigadas por los inspectores de Hacienda. Pero el gobierno no sólo no ha hecho eso sino que precisamente ha actuado al revés: de cada diez inspectores de hacienda que se jubilen, el Estado contratará a uno para sustituirlos (tasa de reposición del 10%). Así que no hay nada que motive a las grandes empresas y grandes fortunas a deponer su actitud delincuente, más allá de posibles y extrañas llamadas -y por supuesto no creíbles- a un patrotismo fiscal.

Pero por otra parte esta amnistía fiscal lanza un mensaje erróneo a quienes sí pagamos nuestros impuestos legalmente. En efecto, el gobierno está diciendo con este plan que defraudar no es tan grave, y que tiene perdón. Además, un perdón que se da de vez en cuando y no de forma extraordinaria. De modo que este plan incentiva el fraude fiscal, al decirles a los contribuyentes que si defraudan no sólo no van a tener a los inspectores detrás, buscándoles, sino que tarde o temprano podrán acogerse a un plan de perdón.

En definitiva, una barbaridad que refleja muy bien los tiempos en los que vivimos. Tiempos en los que los gobiernos representan los intereses de las grandes fortunas y las grandes empresas, y tiempos en los que la solidaridad es lanzada por la borda con tal de intentar, que no conseguir, contentar a los llamados mercados. Mercados que son, precisamente, esas las grandes fortunas y las grandes empresas internacionales.