En Estados Unidos hay actualmente 37 millones de estudiantes que están endeudados por motivos académicos. A falta de un adecuado sistema educativo público, y con una notable incapacidad financiera para hacer frente al pago de las matrículas, los jóvenes estudiantes estadounidenses se ven forzados a endeudarse para poder acceder a los estudios. La cantidad total de préstamos pendientes de pago es de 870.000 millones de dólares, con una media de 23.000 dólares por estudiante. Para hacerse una idea global de la magnitud, basta saber que la cantidad de préstamos educativos pendientes es superior a la de las tarjetas de crédito (693.000 millones) o la de compra de automóviles (730.000 millones). Además, el crecimiento de la deuda total es verdaderamente espectacular, como puede verse en el siguiente gráfico:

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Este panorama es propio de una sociedad que concibe a la educación como una mercancía y no como un derecho, y está especialmente inserto en la genética de las sociedades anglosajonas, de clara cultura liberal. Cuando no es el Estado el que financia la educación, a través de los mecanismos de redistribución propios del llamado «Estado del Bienestar», entonces el acceso a la misma queda dependiente de las oportunidades privadas de cada estudiante. Es decir, de su capacidad financiera. Y aquí es donde las entidades financieras ven un claro negocio.

En España el asalto de la universidad por parte de las entidades financieras tiene también, sin embargo, un largo recorrido. Desde el comienzo del proceso de Bolonia hasta ahora han conseguido grandes victorias, que van desde la entrada física en las universidades -con sucursales para facilitar las operaciones financieras de los estudiantes, en muchos casos en condiciones de monopolio-, hasta la financiación y elaboración de programas académicos -y con la capacidad de censurar ideas que no gusten-, pasando por la presencia directa en los órganos políticos de las universidades -los llamados Consejos Sociales-.

Y en lo que se refiere al endeudamiento estudiantil, el premio se lo llevó el Gobierno del PSOE. Para el curso 2007/08 habilitó los llamados Préstamos Renta Universidad como fórmula de acceso a los estudios universitarios, que vendrían a ir sustituyendo a las becas tradicionales en aras de una mayor «eficiencia». Se trataba de un dinero que el Estado pondría a disposición de los estudiantes a través de la intermediación de las entidades financieras, que gestionarían el capital a cambio de ricas comisiones.

La primera convocatoria fue realmente generosa. Préstamos a tipo de interés 0% y con un período de carencia indefinido hasta su extinción a los 15 años. Ello significaba que si el estudiante no lograba trabajar en 15 años, la deuda se extinguía y el Estado no recuperaría el dinero. Pero las presiones de las entidades financieras y de los diseñadores de estos préstamos hicieron cambiar estas condiciones muy rápidamente. Según fueron saliendo nuevas convocatorias, anuales, se reducía el período de carencia y se eliminaba la posibilidad de no tener que devolver la deuda, reduciéndose a su vez la duración del préstamo. La convocatoria del 2009/10 fue aún peor: la carencia se redujo a 2 años, sin prórrogas y a tipo de interés variable.

Muchos estudiantes cayeron en verdaderas trampas financieras, ya que la comunicación del Estado fue pésima. En parte fue así porque el propio Gobierno del PSOE no parecía estar muy orgulloso de esta creación financiera, y en parte porque las entidades financieras elaboraron folletos informativos confusos que repartían directamente a las salidas de las clases. Y en momentos en los que las matrículas subían de precio y la crisis asolaba las finanzas familiares, las entidades financieras se presentaban como las salvadoras.

Pero nada más lejos de la realidad. Y ahora hay estudiantes que, habiendo suscrito las convocatorias de 2009/10, y habiéndose acabado el período de carencia, tienen  que devolver una deuda que puede llegar a ascender hasta los 20.000 euros. Una trampa diseñada por el Estado y las entidades financieras, jugando con algo tan básico como la educación.

De momento la organización FACUA ha denunciado a varias entidades financieras, mientras que organizaciones como el Sindicato de Estudiantes reclaman condonaciones sistemáticas por parte del Estado y otras como la Plataforma de Afectados por Préstamo Renta Universidad piden un proceso de renegociación de la deuda.

Por otra parte, el Gobierno me ha respondido reconociendo este hecho al afirmar que «estos préstamos puestos en marcha por el Gobierno anterior, se han convertido en un problema para aquellos estudiantes que se acogieron a ellos y que llegado el momento de comenzar a devolverlos no pueden hacerlo». Pero no ha dado ninguna solución concreta, más allá de la retórica propia de estas respuestas: «los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del ICO, han indicado que el principal objetivo es buscar soluciones y que los estudiantes afectados no se queden desamparados».

Lo único que el Gobierno dice (con fecha 26 de junio de 2013, a pregunta registrada en Congreso 29 de mayo de 2013 y acusada recibo en 29 de agosto de 2013) es que «en los próximos días los solicitantes de la línea de Préstamos 2009/2010 recibirán una comunicación personalizada, donde encontrarán las instrucciones pertinentes en función de su situación particular, para acogerse a esta nueva oportunidad de prorrogar del periodo de carencia».

Ninguna novedad ante algo que, nos tememos, va a ser un paso más hacia la mercantilización de la educación en todos sus niveles. No olvidemos que el nuevo Gobierno sigue en este sentido la lógica del anterior en esta materia, y que el propio Wert ofreció «préstamos» a los que no pudieran pagar beca. Es decir, nos empujan a un escenario estadounidense.