Publicado en Nuevatribuna

Vicenç Navarro, Juan Torres López y yo escribimos hace más de un año un libro, editado por ATTAC, titulado “¿Están en peligro las pensiones públicas?” y en el que explicábamos las razones que se encontraban detrás de la supuesta inviabilidad del sistema público de pensiones. La principal razón residía en el deseo y necesidad que tienen los bancos de asaltar el sistema público para convertirlo en parte de su negocio. Apuntábamos además algunas consecuencias que conllevaría retroceder hacia un sistema privado de pensiones: tendríamos un sistema más volátil (que hace que las pensiones dependan de la estabilidad financiera) y un sistema totalmente insolidario (a diferencia de actual sistema de reparto). Por eso recomendábamos profundizar la defensa del sistema de pensiones público y revelar el carácter antisocial de los planes de pensiones privados.

Los fondos de inversión colectiva son productos financieros en auge desde la década de los ochenta, momento a partir del cual las medidas desreguladoras permitieron que estos productos incrementaran sus posibilidades de negocio. Son fondos de inversión colectiva los famosos hedge funds, los fondos soberanos, los fondos de inversión que ofrecen las entidades financieras y los fondos de pensiones privados, entre otros.

El funcionamiento de estos fondos de inversión es el siguiente. Gestionados por alguna entidad financiera, recogen dinero de diversas fuentes –ahorro particular, de empresas, de otros fondos, etc.- y lo acumulan en un enorme paquete o fondo. Una vez constituido se dirige a especular en los mercados financieros, buscando los mayores beneficios posibles de acuerdo al riesgo asumido. El nivel de riesgo depende, no obstante, de las características del fondo. Cuando los fondos especulan con éxito vuelven con una ganancia que distribuyen a los propietarios originales del dinero acumulado, una vez detraída la comisión que impone la entidad gestora. En caso contrario, cuando no hay éxito en la operación especulativa, se asumen las pérdidas y el dinero depositado en el fondo se ve así reducido.

Los fondos de pensiones privados son, como hemos dicho, un tipo especial de fondo de inversión. Por lo general son los fondos de inversión más conservadores, pues asumen menos riesgos y suelen tener cláusulas que les obligan a limitar su exposición financiera. Según la OCDE, en España el conjunto que forman los fondos de pensiones privados y los fondos de las compañías de seguros invirtieron en 2009 el 55’65% de su capital en títulos de renta fija distintos de acciones (como deuda del Estado, por ejemplo), el 18’84% en depósitos bancarios, el 13’19% en acciones, el 9’75% en otros productos (derivados, por ejemplo) y el resto en préstamos. Aunque no es el comportamiento de los hedge funds, que son fondos de inversión extraordinariamente especulativos, los fondos de pensiones privados operan bajo la misma lógica y fortalecen también la dinámica especulativa.

En realidad tampoco deberíamos llamarlos fondos de pensiones, porque técnicamente lo único que son es ahorro financiero. Se trata de un producto individualista y que opera por vía de la capitalización. Esto significa que cada mes la entidad gestora nos detrae un porcentaje de nuestro salario (o una contribución cualquiera que queramos hacer) y lo va acumulando e invirtiendo sistemáticamente hasta el final de nuestra vida laboral. Cuando nos jubilamos la entidad gestora nos devuelve el dinero acumulado más la cantidad ganada vía especulación, siempre restándole la comisión mensual que es, por supuesto, el beneficio del banco.

De hecho la gestión de los fondos de inversión está teniendo una importancia creciente dentro del negocio bancario. En lo que algunos economistas han llamado el proceso de financiarización, los bancos han tenido que desplazar su negocio hacia este tipo de productos como respuesta ante las transformaciones recientes del sistema financiero. Y siguen necesitando poder aumentar sus espacios de negocio, razón por la cual señalan como botín a la hucha de las pensiones públicas. La privatización parcial o total del sistema público de pensiones llevaría a que todo ese dinero estuviera gestionado por los bancos, mejorando así las cuentas de beneficios de los mismos.

Los sucesivos gobiernos de este país no se han atrevido nunca a privatizar parcial o totalmente el sistema público de pensiones, pero por medio de las normas financieras (ampliando el juego de los fondos privados), normas fiscales (aprobando desgravaciones para los fondos privados) y un discurso político que pone constantemente en tela de juicio la sostenibilidad del sistema público, han conseguido incrementar el peso de los fondos de inversión privados en la economía. En España los fondos de pensiones privados y los de las compañías de seguros representaban en 1980 el 3’70% del PIB, y sin embargo en 2009 representaban ya el 32’81%. El Estado a través de estos mecanismos ha facilitado la expansión del principal rival del sistema de pensiones público: los fondos de pensiones privados.

Obscenamente, el Congreso de los Diputados también da un trato preferencial a estos productos. Así, el Congreso retrae un 10% del sueldo de cada diputado para constituir un fondo de pensión privado gestionado por el BBVA. Paradójicamente es el Congreso, y sus diputados, quienes debemos velar por defender el sistema público de pensiones. Y por esa razón, en señal de protesta, coherencia e indignación, algunos diputados de Izquierda Unida hemos renunciado esta semana a constituir ese plan de pensión privado. Consideramos que desde el espacio público no puede darse alas a la especulación financiera, y menos aún a los productos que rivalizan con el sistema público de pensiones que debemos defender y fortalecer.