Texto entregado al Gobierno de España

En el año 2000 la deuda pública española fue del 59’4% del PIB de acuerdo con los datos de la oficina Eurostat. Sin embargo y como consecuencia de la crisis se prevé que en 2012 dicho ratio haya subido hasta el 85’3% del PIB, mientras que en los Presupuestos Generales el Gobierno estima que en 2013 se incrementará hasta el 90’5% del PIB. En cantidades absolutas lo previsto para 2013 significan un total de 728.800 millones de euros. Asimismo, en concepto de pago de intereses el Gobierno ha previsto la cantidad de 38.589 millones de euros.

Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación de los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Sin embargo, sí cabe reconocer que en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente injusto. Al menos en las dos formas siguientes:

1) En primer lugar, mientras el Banco Central Europeo (BCE) pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente ilimitada, los Estados tienen que recurrir exclusivamente a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión económica –con las implicaciones que ello conlleva en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada de las fallas de la construcción europea y del propio diseño de las instituciones europeas, ha llevado a la creación de espacios de arbitraje que las entidades financieras han aprovechado. Es decir, estas entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados. Situación paradójica teniendo en cuenta que por otros mecanismos y de forma sistemática es el propio Estado, junto con las instituciones europeas, el que está rescatando a las entidades financieras.

2) En segundo lugar, porque gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha tenido como destino el salvamento del sistema financiero o de otras entidades empresariales. El esquema lleva a que el Estado se endeude no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real sino para prestar el dinero de nuevo en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no son necesariamente coincidentes con los de los ciudadanos. Informes independientes, como el del técnico de hacienda D. Agustín Turiel, plantean que el total de este tipo de endeudamiento “ilegítimo” asciende a 95.671 millones de euros sólo entre 2008 y 2010.

No cabe duda de que gran parte de las emisiones de deuda pública de los últimos años se han suscrito a través de los mecanismos arriba descritos, produciéndose así un ilegítimo rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón nuestro grupo considera que es posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina internacional sobre la cuestión. Cabe recordar que este concepto ha sido usado históricamente en múltiples ocasiones, entre ellas en Cuba en 1898 por parte de Estados Unidos o en Iraq en 2004 por parte del Gobierno impuesto por Estados Unidos. Asimismo, los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran no sólo la posibilidad de realizar eficazmente estas medidas sino también que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico futuro.

En un contexto de recesión, y con las expectativas para 2013 de un decrecimiento del 1’4% según la Comisión Europea –especialmente por el agravamiento de la demanda interna en mitad de un proceso de desapalancamiento financiero-, es previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el punto de hacer insostenible el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Ya hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2010 y 2011 el déficit primario descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3’09% (hasta el 9’4% según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento no hace sino revelar el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse en políticas de reactivación económica.

La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse con más austeridad, como ilustra dramáticamente el caso griego –que ha tenido que reconocer en varias ocasiones la imposibilidad de pagar toda la deuda pública-, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que supone la deuda pública. Algo que, a nuestro juicio, debería acompañarse de una política expansiva por parte del Banco Central Europeo y por un nuevo y muy distinto diseño de la Unión Europea.

Por los motivos anteriormente expuestos consideramos necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos pueden considerarse “odiosos”. Por esa razón, proponemos asimismo la creación de una comisión formada por expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones especializadas en este tema que trabajan en la línea apuntada desde hace años tanto a nivel nacional como internacional.