Como bien es sabido la crisis financiera derivó en una crisis económica como consecuencia de que las entidades financieras encargadas de financiar la actividad productiva dejaron de hacerlo por temor a empeorar el estado de unos balances contables ya muy deteriorados por activos tóxicos. Activos tóxicos que recibían ese nombre porque aunque el precio de mercado era formalmente muy alto en realidad carecían de valor real y tarde o temprano tendrían que contabilizarse como pérdidas.

El cierre del grifo crediticio condujo a la paralización del consumo y de la inversión en las distintas economías nacionales, y en España además hizo estallar definitivamente su particular burbuja inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria que había sido posible gracias a que las entidades financieras habían prestado cantidades ingentes de dinero, obtenido en los mercados financieros (préstamos de otros bancos, emisión de bonos y titulización, etc.). Durante todos estos años el crédito privado ha sido la gasolina de un modelo productivo que ahora está completamente agotado y que en su caída ha llevado a tasas de paro socialmente insostenibles.

Para intentar revertir la crisis los Estados europeos tuvieron que acometer desembolsos masivos de dinero público. Por un lado aprobaron rescates financieros a las entidades en problemas e incluso en muchos casos las nacionalizaron al completo. Por otro lado llevaron a cabo programas de estímulo económico consistentes en crear empleo público y así frenar todo lo posible la caída del consumo y de la inversión. Todo ello llevó al incremento del gasto público.

Por el lado de los ingresos los Estados se vieron en dificultades propias de un momento de crisis económica. Debido a que actualmente la mayoría de los ingresos públicos provienen de los impuestos (y en menor medida de los beneficios de las empresas públicas) y que tales impuestos están asociados a la renta, al beneficio o al consumo… al caer todas esas variables los ingresos públicos también cayeron.

Así pues la caída de los ingresos y el aumento de los gastos aumentó el déficit presupuestario (la diferencia entre ingresos y gastos públicos). Algo que hasta el mismo Fondo Monetario Internacional reconoció. Y para financiar ese desequilibrio los Estados tuvieron que incrementar su endeudamiento exterior, es decir, tuvieron que emitir más deuda pública.

Como se aprecia en el gráfico todos los países vieron incrementarse su endeudamiento como consecuencia de la crisis, y no al revés como algunos autores han sugerido en un intento de disociar la responsabilidad bancaria con empeoramiento de la situación fiscal de los países.

La emisión de deuda es un procedimiento sencillo. Los Estados emiten unos títulos que proporcionan una rentabilidad determinada a su comprador. En el llamado mercado de deuda pública los inversores (bancos, fondos de inversión, multimillonarios…) participan en la subasta y de ella sale el tipo de interés que el Estado les pagará por esos títulos. Al fin y al cabo los títulos de deuda pública son una forma por la cual el Estado se endeuda ante otros agentes (que pueden ser también otros países). Y cuantos más inversores haya en la subasta menor precio tendrá que pagar el Estado.

Por supuesto la deuda contraída por el Estado genera intereses que hay que pagar regularmente (en la forma de cupones) y que habrá que financiar de alguna forma. Dado que la crisis permanece y la situación fiscal del Estado (la relación ingresos-gastos) se mantiene, se ve obligado a endeudarse de nuevo. En definitiva, se incrementa el llamado Servicio de la Deuda y se puede entrar en un círculo vicioso del cual es muy complicado salir.

Además hay que añadir los procesos especulativos, que hacen que la carga de la deuda sea aún mayor o hace a ésta menos eficiente. Los inversores pueden especular contra la deuda pública (como hicieron con Grecia o España) y provocar así que a cada Estado le resulte más caro volver a endeudarse (lo que aumenta la rentabilidad del inversor). Todo ello intensifica el círculo vicioso anterior.

El futuro de la deuda pública y los planes de ajuste

Las medidas de los gobiernos europeos están encaminadas a aplicar los planes de ajuste. Quieren corregir el déficit presupuestario a través de un descenso de los gastos públicos, lo que supondrá un retroceso más del Estado del Bienestar, y en cierta medida en un incremento de los ingresos, sobre todo vía impuestos indirectos (que son regresivos porque afectan por igual a ricos y pobres).

Pero ese camino enfrentará riesgos insuperables, como han advertido incluso premios Nobel de economía como P. Krugman o J. Stiglitz, ya que el Gasto Público es un componente de la demanda especialmente importante en períodos de crisis. Si el Gasto Público disminuye entonces el consumo y la inversión seguirán cayendo y ello profundizará el estancamiento de la economía. El consumo, sin la contribución clave del Estado, caerá y las empresas no invertirán en un mercado en retroceso, por lo que no se creará empleo e incluso se seguirá destruyendo. Esto, sumado a la errónea reforma del sistema financiero (que al seguir siendo privado seguirá sin abrir el grifo a las medianas y pequeñas empresas, que son las que crean empleo) y las reformas laborales (que precarizarán aún más el trabajo y reducirán en conjunto la capacidad de consumo de la población), conducirá al desastre -en palabras de Stiglitz, por cierto.

Así que si bien la acometida neoliberal que viene tendrá éxito en la reducción del Gasto Público no tendrá la misma suerte en el mantenimiento o subida de los ingresos. Por el contrario, es muy probable que los ingresos sigan bajando y por lo tanto la relación que importa (ingresos-gastos) siga deteriorándose. Lo que obligará, por lo tanto, a tener que volver a endeudarse.

Reestructurar la deuda

El impago de la deuda es una necesidad imperiosa para los países que están atrapados en este círculo vicioso, si bien por supuesto no es la única medida imprescindible. Ya hay muchas organizaciones sociales y partidos políticos -de izquierdas- reclamando la reestructuración o impago de la deuda. No obstante, una cosa es reestructurar la deuda y otra es impagar la totalidad de la misma. La reestructuración supone diferenciar los diferentes contratos de deuda asumidos por el Estado y modificarlos en plazo, en cantidad o incluso cancelarlos parcial o totalmente. Es precisamente esto lo que se está reclamando en los círculos de izquierdas.

La reestructuración dirigida por los deudores (debtor-led default), en oposición a la reestructuración dirigida por los acreedores (creditor-led default), supone la realización de una auditoria previa de la totalidad de la deuda controlada por los ciudadanos. Se trata de estudiar qué parte de la deuda es ilegal, inmoral o directamente insostenible. Por ejemplo, puede declararse inmoral cualquier contrato de deuda suscrito por bancos rescatados con dinero público o incluso los de aquellos bancos que han comprado deuda pública don dinero barato prestado por el Banco Central Europeo. En ese caso puede reestructurarse en plazos, en cuantía o sencillamente declarar que no se pagará nunca. Todo con el objetivo de reducir la carga de la deuda.

Por supuesto este proceso tiene costes políticos y económicos importantes. Los mercados financieros (los acreedores: bancos y otros agentes financieros) actuarían conjuntamente para atacar y especular con el país en cuestión. También habrá radicales reticencias a nivel institucional por parte de la Unión Europea y el Banco Central Europeo, amén de los bancos nacionales. Por eso sería recomendable que la reestructuración de la deuda formara parte de un plan más amplio y que además estuviera coordinado por, al menos, los países que más lo necesitan. Y estos países son los de la periferia, como Portugal, Grecia o España. Si bien lo deseable sería realizar una auditoria a nivel europeo.

El plan más amplio debería incluir, como están recomendando distintos autores como Onaran, Husson, Toussaint o Lordón, la nacionalización de las entidades financieras y la construcción europea de un nuevo sistema impositivo que grave especialmente las rentas parasitarias del capital y a las grandes fortunas y que sirva para revertir la tendencia hacia la desigualdad en la distribución del ingreso entre capital y trabajo. También serían necesarias medidas correctivas de los desequilibrios europeos (como se apunta en el informe de Research on Money and Finance) y la corrección asimismo de la altísima deuda privada.

PS: Resulta muy interesante, como siempre, leer también este artículo de Vicenç Navarro: Los Ricos y la Deuda Pública http://www.vnavarro.org/?p=5712