Publicado en Elpaís

Durante los próximos meses nuestro país tendrá que enfrentar nuevos e importantes retos sociales, políticos, económicos y ecológicos. Por eso no parece que tenga mucho sentido que el debate actual, sobre la conformación de un nuevo Gobierno, esté girando en torno a abstracciones y riñas de poder en el seno de los partidos. El clásico quítate tú que me pongo yo. Al contrario, lo sensato es el planteamiento de propuestas concretas, programáticas, que ofrezcan una respuesta válida a todos esos retos. Y, sobre esas propuestas, el debate serio y honesto.

Uno de esos retos es el que afectará al sistema financiero español. Como es sabido, la reciente crisis financiera y la política de los últimos gobiernos han cambiado completamente el panorama del sector. Las cajas de ahorro se han transformado definitivamente en bancos —en un proceso en el que, no obstante, llevaban inmersas muchos años— y unas pocas entidades se han hecho con el control del mercado. Al mismo tiempo, la política de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas del Gobierno del PP ha permitido sanear los balances de muchas entidades e incluso nacionalizar de facto algunas de ellas. Sin embargo, la economía real no parece haberse beneficiado de todo ello y, en tanto el sistema financiero vive de la economía real —cosa que tiende a olvidarse demasiado a menudo—, han vuelto las tensiones al sector.

Y es que la presunta recuperación económica —en realidad bonanza macroeconómica y miseria microeconómica— está basada en la inyección billonaria de dinero en el sistema financiero internacional. Los principales bancos centrales del mundo desarrollado han abierto una barra libre de liquidez que ha inundado el sistema financiero y ha animado los mercados durante los últimos años. Subieron las bolsas, bajó la prima de riesgo y, en suma, aquellos actores que operaban en el sistema financiero vieron cómo continuaba el flujo de dinero —y de especulación— y con ello también sus ganancias. Pero por lo general ese dinero no ha bajado a la economía real, que sigue asolada por el paro, la precariedad y la desigualdad, y estas prácticas solo han servido para mantener los indicadores macroeconómicos aparentemente sanos. Pero lo que realmente hay de fondo es la crudeza de las burbujas financieras, y las tensiones y las contradicciones no tardarán mucho en estallar. De hecho, ya vemos algunas señales en la situación reciente de las bolsas en Estados Unidos y China.

Una nueva crisis financiera internacional es una hipótesis cada vez más plausible, y las condiciones objetivas ya se dan. Las consecuencias para una economía como la nuestra serían dramáticas, más aún cuando los últimos años no han sido aprovechados para fortalecer los instrumentos públicos. Sin embargo, estamos a tiempo de responder si un nuevo Gobierno manifiesta y pone en marcha tal voluntad política. Y la propuesta aquí es clara: paralizar de forma inmediata el proceso de privatización de las entidades financieras nacionalizadas y aprovechar la situación actual para conformar y extender un polo de banca pública que permita afrontar con mayores garantías los retos próximos.

No cabe duda de que el sistema financiero español, como el europeo, necesita una regulación más estricta que alinee sus intereses a los de la economía real. Hay que revertir esa desconexión que existe entre el mundo financiero y la economía real. Al tiempo que es fundamental que exista un polo de banca pública con la que poder proteger a la ciudadanía y a nuestros ahorros, facilitar una política de alquiler público barato, reducir el imponente poder de la oligarquía financiera, establecer líneas de crédito a sectores productivos relevantes y transformar nuestro modelo productivo. Todo eso es necesario pero también posible… si se quiere.