Por Antonio Romero, Alberto Garzón y Nico Sguiglia

A pesar del esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras españoles que lucharon por institucionalizar sus conquistas sociales, a día de hoy nuestra Constitución es papel mojado. El “consenso del 78” ha sido roto al haberse lanzado un contraproceso constituyente, puesto en marcha por el neoliberalismo y las oligarquías financieras, que tiene como objetivo acabar con el Estado del bienestar que se comenzó a construir en Europa tras la II Guerra Mundial.

Las elites capitalistas no pretenden devolver los derechos sociales y económicos que hoy niegan a los trabajadores, sino que por el contrario aprovechan la crisis para arrebatar los recursos económicos y financieros a la gran mayoría mientras los concentran en pocas manos. Sin duda esta crisis está siendo utilizada para vaciar los ordenamientos constitucionales de los países de la Unión Europea así como para cerrar y consolidar un nuevo modelo de sociedad basada en la explotación sin contrapartidas y en la rivalidad entre los pobres, los pueblos y los subalternos. Con ello el capitalismo condena a toda una generación a la constante incertidumbre laboral y vital y abre el campo de juego de las opciones totalitarias.

Las soluciones a esta situación han de ser extraordinarias y ambiciosas, por lo que creemos que es necesario impulsar un Nuevo Proceso Constituyente para un nuevo proyecto de país, que supere este régimen cuya representación es una monarquía heredada del franquismo y opaca en la gestión económica y patrimonial, con casos de corrupción en su seno. Entendemos que el nuevo estado ha de construirse sobre bases federales y solidarias, dotándonos de esta forma de mecanismos para estar en una Europa federal de los pueblos que ponga solución a la creciente incompatibilidad entre democracia y Estados-nación, en un mundo de trabajadores multinacionales, de migrantes y redes de cooperación y comunicación transnacionales. La esfera de los asuntos comunes y sus leyes fundamentales tienen que adaptarse a esa nueva condición, so pena de ceder el protagonismo y la dirección de la “crisis de la UE” a las nuevas formas de la “revolución conservadora”.

Cabe recordar que siete de cada diez personas que hoy tienen derecho a voto en España no pudieron votar la Constitución de 1978 y mucho menos participar en su elaboración. Sin embargo, las demandas sociales exigen una nueva relación entre representantes y representados, con una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. No es una cuestión técnica sino política pues las nuevas tecnologías permiten imaginar mecanismos de participación social y de control ciudadano de la actividad política que signifiquen una profundización democrática.

Los abajo firmantes identificamos algunos elementos fundamentales de lo que debería ser el nuevo orden constitucional.

1. En primer lugar, la preservación, cuidado y promoción de los bienes comunes naturales tiene que tener un papel protagónico en un nuevo marco constitucional.

2. En segundo lugar, el sistema político ha de ser democratizado. Efectivamente, el poder ejecutivo ha sufrido un proceso de cierre autoritario por dentro; el poder legislativo ha sido vaciado de sus funciones democráticas y de representación a través de un bipartidismo marcado por la injusta ley electoral; y el poder judicial se ha mostrado como absolutamente dependiente de los intereses de los dos principales partidos. Del mismo modo resulta indispensable una ampliación y dinamización de los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos, introduciendo reformas en el marco de las ILPs, referéndums, consultas populares vinculantes sobre decisiones fundamentales, potenciación de los espacios ciudadanos deliberativos y avanzando hacia sistemas de voto delegado y participación directa siguiendo los modelos de las llamadas democracias en red.

3. En tercer lugar, las relaciones laborales deben ser repensadas de acuerdo con las características del nefasto modelo productivo español. La nueva carta constitucional debe tener presente la necesidad ante todo de proteger y garantizar la reproducción de la vida de nuestras sociedades, garantizando el acceso al trabajo digno, a una renta básica de ciudadanía, a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda y a una Internet libre y neutral como derechos fundamentales y absolutamente prioritarios. La puesta en marcha de un nuevo modelo productivo capaz de activar las capacidades productivas de nuestra sociedad y de generar empleo en condiciones de dignidad es absolutamente prioritario. Sin embargo, no puede quedar subordinado el derecho y las garantías de una vida digna a la posesión de una relación laboral formal, cuando las elites financieras y gobiernos afines convierten el paro y las relaciones laborales precarias e informales en una tumba de la dignidad humana.

4. En cuarto lugar, es necesario pensar una reorganización y democratización de las instituciones del Estado y de la Administración. El Estado social se ha legitimado históricamente por su organización de sistemas públicos de bienestar, por su papel económico, financiero, fiscal, territorial y de seguridad. No se trata de acabar con el Estado o de multiplicarlo sin descanso, sino de un Estado adecuado a las capacidades democráticas y de cooperación de los ciudadanos, capaz de autolimitarse y ser lo más poroso posible a las formas de cogestión de sus competencias con instituciones ciudadanas democráticas no estatales, buscando fórmulas que impliquen una mayor eficiencia y el establecimiento de mecanismos que eviten la íntima conexión que existe entre el poder público y el poder económico de las oligarquías españolas y europeas.

5. En quinto lugar, es necesario poner coto al poder no democrático; es decir, ha de lograrse que el poder económico esté subordinado a la democracia y sus leyes. Los recursos de una sociedad han de ser gestionados por ésta, a través de mecanismos democráticos, y no por las oligarquías económicas. Mientras las decisiones que afectan a nuestras vidas las tomen entidades no sujetas a control comunitario, tales como las grandes empresas financieras, no podremos hablar de democracia.

El proceso constituyente del que hablamos, y que deberá proponer a los ciudadanos una nueva constitución, tendrá que ceder el protagonismo a los mismos en la redacción de la carta fundamental, inspirándose en las recientes experiencias latinoamericanas, pero también en la formidable iniciativa de los ciudadanos islandeses.

Consideramos indispensable la creación de instancias de colaboración y cooperación entre aquellos espacios organizativos (políticos, sindicales y sociales) que están señalando de forma clara la necesidad y el deseo de un Nuevo Proceso Constituyente para un nuevo proyecto de país, diseñando juntos una nueva y real democracia. Hacemos un llamamiento a las millones de personas que en nuestro país luchan por una vida digna para todos a que avancemos juntos en la construcción de una constitución de lo común a través de asambleas constituyentes en las que la ciudadanía decida su futuro de forma radicalmente democrática. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de superar, con alegría y organización, este régimen corrupto y antidemocrático y abrir un tiempo nuevo de justicia e igualdad. Vamos a ello.