Todo parece indicar, según revela la prensa, que el Partido Popular está dispuesto a modificar en solitario la ley electoral municipal. El objetivo inmediato parece obvio: tratar de garantizar el mantenimiento de los gobiernos municipales. Probablemente hayan hecho números, a partir de las encuestas públicas o de otras de su propia cosecha, y hayan llegado a la conclusión de que dado el actual panorama electoral es probable que aunque el PP no obtenga mayoría absoluta sí pueda lograr ser la lista más votada. Fácil concluir que un pucherazo electoral, cambiando las reglas a mitad de partido, puede proporcionarles esa garantía.

En primer lugar, hay un asunto económico de fondo: el mantenimiento del poder municipal como medio de garantizar la aplicación de los planes de ajuste, esto es, del desmantelamiento del Estado del Bienestar o Estado Social.

El Fondo Monetario Internacional ya advirtió en 2013 que el programa de reformas estructurales en España enfrenta una serie de riesgos. El primero, los disturbios sociales derivados de la frustración ciudadana. El segundo, la pérdida de popularidad del bipartidismo. De ahí se deduce la necesidad –su necesidad- de leyes de represión ciudadana, como la Ley de Seguridad Ciudadana, y la necesidad de leyes que compensen esa pérdida de popularidad, como la anunciada Ley de Reforma Electoral Municipal. Así las cosas, el mantenimiento en el poder municipal no es un fin en sí mismo sino un medio para mantener el programa de reformas estructurales en todos los ámbitos posibles de la administración pública.

Hay un antecedente interesante para la reflexión: el recurso al Tribunal Constitucional por parte del Defensor del Pueblo y a instancias de Izquierda Unida. El 29 de noviembre de 2013 el Gobierno aprobó una reforma del sistema financiero que incluía una disposición adicional para permitir a los gobiernos municipales en minoría aprobar planes de ajuste incluso a pesar de que el pleno municipal estuviera en contra. La filosofía es clara: la minoría se impone a la mayoría en aras de aplicar planes de ajuste. El propio Gobierno lo justificó en su memoria como una «medida extraordinaria para eliminar obstáculos que afectaran a la estabilidad». Donde obstáculo quiere decir democracia procedimental. En contra de aquella barbaridad sólo votó el Grupo Mixto e Izquierda Unida. Luego nosotros pedimos amparo al Defensor del Pueblo y éste acepto. El recurso sigue pendiente, pero está claro que el Gobierno quiere adelantarse legalizando, en cierta manera, que las minorías puedan imponerse a las mayorías.

En segundo lugar, el problema procedimental. La democracia entendida como procedimiento está basada en la idea de que la voluntad popular asciende por una pirámide de representación en cuyo vértice se sitúa el poder ejecutivo. Si la democracia representativa fuera de tipo ideal, entonces los representantes serían un mero espejo de los representados -como pretendía Rousseau- y el parlamento sería a su vez el reflejo en miniatura de la sociedad misma. Sin embargo, en la práctica hay un enorme conjunto de elementos mediadores que hacen que eso no funcione así. Uno de ellos es la ley electoral.

La ley electoral siempre media entre la voluntad ciudadana y su traducción en representantes que la pongan en marcha. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Pues hay innumerables formas de diseñar las leyes electorales, y sin duda el diseño condiciona el resultado.

El tipo ideal democrático es sin duda alguna el sistema electoral proporcional, donde cada persona es un voto y donde la pluralidad del conjunto de los representantes será idéntica a la pluralidad del conjunto de los representados. Es decir, el parlamento estará constituido por representantes que reflejan adecuadamente a los representados -al menos teóricamente. Cualquier desviación de este diseño es un intento de desvirtuar el principio democrático. Y eso es lo que hace la ley electoral inscrita en la Constitución del 78 -que permite que el 44% de los votos se conviertan en mayoría absoluta, penalizando además a los partidos pequeños de ámbito estatal- y también la anunciada ley electoral municipal, que se convertiría en un sistema mayoritario de facto, donde el 40% podría tener mayoría absoluta.

En definitiva, estamos ante una vuelta de tuerca que el Gobierno del PP pone en marcha con objeto de intentar asegurarse el poder municipal que le permita mantener su programa de reformas regresivas. Es obvio que temen los posibles resultados electorales. Pero no sólo el PP, sino también la troika y las élites económicas. Su problema es que está en juego el desmontaje de las redes clientelares que se han instalado en el régimen político-económico desde hace décadas. Esa alineación de intereses entre la élite política y la élite económica, y a la que denunciamos desde hace años, está en riesgo precisamente porque se espera -a golpe de encuesta- que la voluntad popular la desmonte. De ahí que el enemigo del PP sea, precisamente, la desnuda voluntad popular. Sin embargo, encontrará el PP muchos obstáculos, puesto que ni tiene garantizado el éxito ni en un escenario de descomposición electoral será fácil que fructifiquen sus ideas. Más bien puede acelerar la propia descomposición electoral.

Un alternativo escenario de candidaturas alternativas y rupturistas con el bipartidismo puede desbordar al propio régimen político-económico, convirtiendo de ese modo las elecciones en un momento constituyente. Y en eso estamos trabajando quienes creemos que hay alternativa económico-política al drama actual.