Señor Montoro, hace dos semanas estuve aquí mismo hablando durante quince minutos al señor De Guindos, y quince fueron los minutos que el señor De Guindos estuvo sin hacerme caso, sin escucharme, sin oírme, estando hablando con otras personas, sin hacer caso a 1.700.000 votantes que están representados en nuestra voz. Por eso, por cortesía parlamentaria, le pido que por favor escuche mi intervención, que será rápida. Lo que tengo que decirle se lo puedo decir muy rápido, pero por cortesía parlamentaria le pido que escuche a los demás grupos que no son el Partido Socialista, porque también tienen derecho a ser escuchados en esta Cámara. Es una buena muestra de educación que usted, como representante político de los españoles, nos haga caso por lo menos escuchándonos, independientemente de la ideología que cada uno profese en este tema particular. (Aplausos.)
Este decreto sobre el ayuntamiento y los proveedores nos preocupa. Siempre nos ha preocupado que los proveedores no tengan ese acceso, que los ayuntamientos no paguen a los proveedores con los que han suscrito esos contratos. Nos preocupa y por eso lo llevamos en el programa electoral. Además, nos consta que el Partido Popular en mayo del año 2010 estuvo defendiendo una enmienda por la cual aseguraba un mecanismo público, el del ICO, para poder financiar a los ayuntamientos. Parece que ahora el Partido Popular ha desestimado esta opción que nosotros apoyábamos, el uso del ICO como un instrumento para financiar a los ayuntamientos y dar salida a ese problema real, ese drama de las pequeñas y medianas empresas, que están quebrando. Se le ha olvidado y ahora propone un plan totalmente diferente, que en gran medida es, como siempre en las medidas del Partido Popular, dar un negocio a los bancos. Se ha olvidado de ese mecanismo que es posible y perfectamente factible, que en el año 2010 defendía el Partido Popular, y ahora tenemos un plan radicalmente diferente, que además imita el peor proceder del Fondo Monetario Internacional en sus peores tiempos: aplicar un plan de ajuste, una intervención directa y técnica en los ayuntamientos, un asalto a la democracia municipalista. Por tanto, no podemos apoyar este decreto a pesar de que nos preocupa y queremos dar solución -por eso lo llevamos en nuestro programa electoral- a ese complejo problema que sufren los proveedores, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, es necesario que cobren, pero hay que preguntarse también por qué no están cobrando y por qué no han cobrado. Por eso reclamamos también una ley adecuada de financiación de las administraciones locales, igual que reclamamos otra vez nuevas medidas contra el fraude fiscal sinceras y directas. Solo de esa forma los ayuntamientos podrán tener ingresos suficientes con los que hacer frente a sus gastos cotidianos y corrientes y no tendrán que depender -como muchos otros ayuntamientos-de la burbuja inmobiliaria y de la actividad económica, que ha sido desgraciadamente la que este país ha tenido.
Decía que el Gobierno nos trae un decreto que no solo es para ayudar a los proveedores; ojalá fuera así. De hecho, aquí mismo le digo, señor Montoro, que si usted se compromete a recuperar la propuesta del Partido Popular de instaurar la financiación a través del ICO y renuncia a aplicar esos planes de intervención técnica, nosotros apoyaremos cualquier propuesta, porque nos preocupa que esos proveedores no estén recibiendo su dinero. Pero también nos preocupa la aplicación de este decreto en el plano político y técnico, porque al final estos planes de ajuste a los que se somete a los ayuntamientos a través de la figura del interventor, algunos ayuntamientos igual los ven como si fueran cascos azules que vienen a salvar los problemas que tienen las administraciones locales, pero tal y como aparecen en el decreto no van a ser cascos azules; van a ser más bien carniceros sociales que van a acabar con todos los servicios públicos. Sí, señor Montoro, porque el propio decreto impone que va a haber subidas en las tasas a los servicios públicos y tienen hasta la capacidad de recomponer las administraciones públicas locales. Esto significa que el pleno y la soberanía municipal democrática que reside en ese pleno no van a servir prácticamente para nada porque tenemos a este nuevo Fondo Monetario Internacional metido hasta el corazón de los ayuntamientos. Sé que esto también es una amnistía a los ayuntamientos que han derrochado, porque los proveedores que se acojan a este decreto tendrán que renunciar a todos los procedimientos judiciales que tenían y que eran perfectamente legítimos. Por tanto, hay que hacer otro tipo de medidas.
En definitiva -por eso decía que mi intervención no iba a durar mucho tiempo y que esperaba que me escuchase-, creemos que este decreto es radicalmente erróneo, que ataca a la democracia en los ayuntamientos y que no soluciona un problema que va a seguir estando y al que hay que añadir una cuestión fundamental. Las pequeñas y medianas empresas ya han hecho un descuento para acceder a esos servicios, si tienen que aplicar otro descuento, muchas no van a poder hacerlo. Por tanto, ponemos en entredicho que este decreto ayude a las pequeñas y medianas empresas; más bien creemos que va a ayudar a las grandes empresas. Por ello, insisto en que vamos a votar en contra de este decreto. (Aplausos.)
