El gobierno del PSOE está actualmente negociando con los sindicatos la nueva reforma de las pensiones, que por otra parte todos esperábamos desde que estalló la crisis. No podemos dejar de señalar, no obstante, que esta reforma se enmarca en el plan de ajuste que está aplicando el gobierno español -pero ni mucho menos de forma exclusiva- desde hace cerca de un año, y el cual comenzó con las drásticas medidas de reducción de gasto público tras la incesante presión que se ejerció durante la llamada crisis de deuda pública.

Este debate sobre la viabilidad de las pensiones es bastante recurrente y polémico porque precisamente al estar en juego el futuro financiero de todos los trabajadores jubilados (y de los no trabajadores, por cierto) también está en juego una gran cantidad de dinero. Y este dinero es tremendamente codiciado por las entidades financieras. Ahora este debate emerge de nuevo con nuevos ingredientes, con el gobierno posicionado con firmeza a favor de una reforma claramente regresiva y con unos sindicatos que parecen tener miedo a la convocatoria de una nueva huelga general.

El presidente del gobierno ha asegurado que habrá reforma con o sin consenso, justificándose precisamente en la necesidad de no quedarse de brazos cruzados ante el futuro problema que tendrá que afrontar el sistema público de pensiones. Dicho comentario -que han asumido como arma los partidarios del gobierno- tiene trampa, pues en realidad pocos son los participantes en el debate que no proponen ningún tipo de reforma. La idea generalizada es que, en efecto, el sistema de pensiones público está en peligro (incluso nosotros respondimos afirmativamente al título del libro publicado por ATTAC). Lo que está en discusión es cuáles son esos peligros y qué tipo de respuestas deben acometerse para evitarlos.

Algunos comentaristas vuelven a reducir la cuestión a un problema de aritmética. Dicen que al incrementarse la tasa de dependencia (población jubilada en relación a la población en edad laboral) necesariamente hay que obtener la financiación extra de algún sitio y que el problema, por lo tanto, reside realmente en saber de dónde sacar ese dinero que tarde o temprano va a faltar. Pero surgen varias dudas al respecto.

La primera, ¿realmente faltará ese dinero en el futuro? De no modificarse la tendencia de la natalidad y de la inmigración no cabe duda de que así será (la tasa de dependencia se incrementará efectivamente). Pero, ¿y si se incrementase en un futuro la natalidad o la inmigración? Entonces no existiría ese problema demográfico, y las previsiones fallarían. Pongamos entonces esas nuevas variables encima de la mesa porque, de hecho, es posible incidir en ellas.

La segunda, ¿es la demografía el único o principal problema del sistema público de pensiones? A tenor del debate tal y como se presenta en los medios y en la mayoría de las tertulias políticas pareciera que sí, pero sin embargo la respuesta es negativa. El principal problema del sistema público de pensiones es la falta de ingresos, es decir, el paro y la mala calidad del empleo. Con mayor tasa de ocupación y con trabajo de más calidad (en un sentido legal) el equilibrio financiero de las pensiones sería posible sin necesidad de tocar los impuestos.

Pero entonces, ¿por qué no se afronta antes el problema del paro y de la calidad del empleo antes que el supuestamente catastrófico vaticinio demográfico -y que como hemos visto es una mera posibilidad? Por la voluntad política de quienes están gestionando públicamente este tema, ni más ni menos. Y por el juego de intereses que hay detrás de esta nueva fase del plan de ajuste (como el nuevo espíritu de contentar a los mercados financieros con titulares de impacto y la estrategia de las entidades financieras por hacerse con el pastel de las pensiones).

Y ojo que si todo esto fallara entonces todavía quedaría la opción de financiar con impuestos la cantidad que faltase (por cierto, algo que ya aparece en el Pacto de Toledo). De ese modo las pensiones pasarían a ser un servicio público más, de estatus idéntico a la sanidad y la educación. No obstante, Egócrata preguntó ayer si preferíamos trabajar dos años más -como propone el gobierno- o subir impuestos a nuestros hijos. Esa fue una pregunta demagógica porque en realidad esos impuestos pueden provenir de muchos sitios y no necesariamente de la renta o del consumo -que serían las formas mediante las cuales pagarían los trabajadores-. Lo que significa que la pregunta de «¿quién paga?» también puede responderse de forma progresista y bajo criterios redistributivos.

¿Hay, por lo tanto, que hacer reformas? Sí, absolutamente. El capitalismo no se equilibra automáticamente y es necesario incidir en su modo de funcionamiento a través de la intervención, pero esto debería hacerse desde criterios progresistas y de izquierdas (que por otra parte son los que se corresponden al ideario del PSOE). Muchos académicos y expertos han propuesto sus soluciones en este sentido.

Desde las propuestas globales de Robin Blackburn acerca de nuevos tipos de pensiones financiadas por impuestos a las empresas, hasta las más convencionales propuestas de las posiciones de la izquierda alternativa y de los sindicatos (al menos en sus documentos de trabajo). Entre estas últimas hay desde las más amplias referidas a un cambio en el modelo productivo, hacia un nuevo modelo basado en mejor calidad del empleo y mayores salarios o incluso con incrementos en la cotización social, hasta las más concretas que apuestan por ejemplo por las políticas de fomento de la natalidad (programas de conciliación laboral, acceso a la vivienda, etc.).

En definitiva, sí hay muchas alternativas que sirven de base para llevar a cabo reformas desde la izquierda y así combatir la crisis. Pero ni se refieren sólo y exclusivamente al sistema de pensiones ni pueden hacerse sin tener en cuenta lo más importante de una economía: su sistema de producción. Estas reformas alternativas son verdaderamente progresistas: justas desde el punto de vista social (reforzar el sistema de reparto es reforzar la redistribución de renta), lógicas desde el punto de vista tecnológico (siendo técnicamente posible trabajar todos y durante menos tiempo es absurdo promover reformas para trabajar más durante más tiempo) y consistentes desde el punto de vista económico (pues se enmarcan en un nuevo tipo de economía que además está adaptada a los retos medioambientales).